El jueves 27 de agosto, en los alrededores de la Universidad de Antioquia, se registró una manifestación que derivó en la intervención de la Fuerza Pública con tanquetas de agua y gases lacrimógenos. Si bien las autoridades señalaron que se intentó bloquear una vía y hubo alteraciones, estudiantes, docentes y ciudadanos denuncian que la actuación fue desproporcionada y anticipada, sin agotar instancias de diálogo ni concertación previas, afectando a personas que ejercían su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente.
La Constitución Política, en su Artículo 37, garantiza que toda persona puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La ciudadanía señala que, mientras no exista perturbación grave, daño al bien público o violencia real, la protesta es un derecho que debe respetarse y no responderse de inmediato con fuerza. Muchos testimonios coinciden en que debieron agotarse primero mesas de diálogo, acuerdos y corredores de paso, antes de recurrir al uso de equipos antidisturbios.
El hecho abre un debate fundamental: si la respuesta institucional se da de forma automática y sin agotar vías de acuerdo, se desconoce el derecho a la protesta y se genera más tensión. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería deben investigar si hubo proporcionalidad y si se respetó la autonomía universitaria. La comunidad reclama que la fuerza no sea la primera respuesta, sino la última opción.
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