El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la erradicación de cultivos de coca será una prioridad de su gobierno y confirmó el regreso de la fumigación con herbicidas como una de las estrategias. Aseguró que usará productos de última generación que, según él, no afectarían la salud ni el ambiente y cumplirían lo ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la medida ha reabierto el debate sobre los riesgos y la necesidad de contar con el consentimiento de las comunidades.
“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional”, sostuvo De La Espriella, quien los vinculó con violencia, narcotráfico, corrupción y desplazamiento. También planteó acompañar el proceso con sustitución productiva, promoviendo cultivos legales como cacao, café, maíz, coco y palma, para ofrecer alternativas económicas a las familias campesinas.
Ante el anuncio, diversas voces han recordado que las fumigaciones conllevan riesgos que no pueden ignorarse. Se advierte que estos productos, incluso los llamados de “nueva generación”, pueden causar daños graves a la salud de las personas que viven en las zonas rurales, afectar a los animales de cría y silvestres, contaminar el agua y los suelos, y dañar los cultivos lícitos que sostienen a las comunidades.
Además, se ha hecho notar que la aspersión no puede realizarse sin el consentimiento de los habitantes de los territorios, especialmente de las comunidades indígenas y campesinas. La medida abre un amplio debate sobre cómo combatir los cultivos ilícitos sin poner en peligro la vida, la salud, el ambiente ni los derechos de quienes habitan estas zonas del país.
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