Categoría: Nacional

La excandidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Magdalena y militante del Pacto Histórico, Naylea Barros, fue víctima de un atentado el lunes 24 de agosto de 2026, alrededor de las 9:00 de la noche, mientras se desplazaba en su vehículo por la ciudad de Santa Marta. El ataque fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y dispararon contra el automóvil en el que ella viajaba junto a su prima. Ambas mujeres resultaron ilesas, pero el hecho ha generado profunda preocupación por la seguridad de líderes y lideresas políticas en el país.

Según los detalles conocidos, Barros transitaba por el sector del puente del Minuto de Dios, con dirección al barrio Bavaria, tras haber dejado a sus padres en su residencia. Dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y efectuaron varios disparos que impactaron el vidrio trasero izquierdo del automóvil, justo detrás del puesto donde la política viajaba momentos antes de cambiar de asiento. Las ocupantes lograron alejarse del lugar y denunciaron los hechos ante las autoridades competentes.

Naylea Barros denunció que este atentado no es un hecho aislado y advirtió que lleva más de tres meses recibiendo amenazas, hostigamientos e intimidaciones dirigidas contra ella y contra personas de su entorno familiar y cercano. La excandidata señaló que estos hechos se inscriben en un contexto de creciente estigmatización y violencia política contra quienes defienden posiciones diferentes, y exigió que las investigaciones avancen con celeridad para dar con los responsables intelectuales y materiales del ataque.

El Gobierno Nacional, a través de declaraciones oficiales, rechazó el atentado y el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el inicio de una investigación exhaustiva, así como la adopción inmediata de medidas de protección para la integridad de la líder política y su familia. La Policía Nacional informó que avanza en la identificación y ubicación de los presuntos responsables, sin que hasta el momento se hayan registrado capturas. Se hace un llamado a garantizar la seguridad de todos los dirigentes y a preservar la libertad de ejercer la política sin miedo.

¿Qué opinas de este atentado contra la excandidata? ¿Crees que se está protegiendo suficientemente a los líderes políticos en Colombia? Cuéntanos

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La Policía Nacional de los Colombianos logró un importante resultado en materia de seguridad en el departamento de Antioquia, donde fue desmantelada una estructura criminal dedicada al hurto de hidrocarburos y capturados 10 de sus presuntos integrantes. El grupo delincuencial instalaba válvulas clandestinas en el poliducto Sebastopol–Medellín para extraer y comercializar ilegalmente combustible, causando pérdidas estimadas superiores a los 8.000 millones de pesos.

La operación permitió interrumpir una actividad que no solo generaba enormes perjuicios económicos, sino que también ponía en riesgo la infraestructura energética del país y la seguridad de las comunidades cercanas al poliducto. Las autoridades calificaron el resultado como un paso decisivo para frenar el financiamiento de redes ilegales que se lucran con los recursos de todos los colombianos.

Cada operación de este tipo debilita a quienes pretenden aprovecharse del patrimonio nacional para enriquecerse ilícitamente. Se reafirma el compromiso de proteger la infraestructura estratégica y los recursos naturales del país, y de seguir avanzando contra toda estructura que atente contra la tranquilidad y el bienestar de los colombianos.

¿Qué opinas de este resultado? ¿Crees que estas operaciones deben multiplicarse en todo el país? Cuéntanos

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La situación en el Tolima es crítica y confirmada por cifras oficiales: más de 22.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido consumidas por el fuego en 28 municipios del departamento. Hasta el momento, 11 incendios permanecen activos y las llamas no han podido ser controladas al cien por ciento. La comunidad, con bombas a motor y esfuerzo propio, se une a los cuerpos de bomberos para intentar frenar el avance de la conflagración.

Los municipios más afectados son Suárez, Coello, San Luis, Guamo, Venadillo, Armero Guayabal, Ortega, Coyaima y Chaparral . En estos territorios los focos de incendio siguen activos y las autoridades mantienen operaciones de control con más de 300 personas trabajando en el terreno . Los sectores más críticos por veredas son:

– Coello: veredas Chaguala Afuera, Chaguala Adentro, Llano de la Virgen y Potrerillo

– Suárez: veredas Cañaverales, Hato Viejo y El Limonar, cerca del cerro Las Mercedes

– San Luis: vereda Paraguay

– Venadillo: vereda Gallego, sectores Finca Arabia y El Otún

La tragedia ambiental es profunda: el 68% de las áreas afectadas corresponden a bosques y ecosistemas naturales que tardarán décadas en recuperarse. Aves, animales silvestres y fauna de toda la región han perdido su hábitat, sus crías y su refugio. El fuego avanza con una fuerza que supera los recursos disponibles, y la comunidad clama apoyo urgente. Se hace un llamado nacional para que llegue todo el refuerzo necesario antes de que la destrucción sea irreversible.

¿Tienes familiares en estas zonas? ¿Crees que el apoyo está llegando con la velocidad que se necesita? Cuéntanos

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En la mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte movimiento telúrico se sintió en gran parte del territorio nacional, generando alarma y preocupación entre los colombianos. Miles de personas salieron de sus viviendas y lugares de trabajo hacia zonas seguras al sentir la fuerza y la duración del temblor.

Los datos oficiales del Servicio Geológico Colombiano confirman que el sismo fue de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. Fue uno de los movimientos más fuertes registrados en el país en los últimos años.

El temblor se percibió en ciudades de todo el país, desde el norte hasta el sur. Hasta el momento no se han reportado daños generalizados ni víctimas fatales, aunque muchas personas reportan haber sentido estructuras y objetos moverse con fuerza en sus viviendas.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas. Se recomienda también difundir únicamente información oficial y evitar rumores que puedan generar pánico innecesario entre la población.

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Una fuerte explosión sacudió las cercanías de la Alcaldía de Rioblanco, Tolima, en una acción que ha encendido las alertas en todo el municipio. El artefacto detonó en un sector céntrico y de gran importancia institucional, generando pánico entre los vecinos y trabajadores de las entidades públicas que se encontraban en las inmediaciones.

Tras el estallido, las fuerzas de seguridad hicieron presencia en el lugar de manera inmediata para delimitar la zona, revisar si existen riesgos adicionales y adelantar las primeras pesquisas. Hasta el momento no hay un balance oficial sobre personas heridas ni el alcance de los daños materiales causados por la explosión.

La noticia se mantiene en desarrollo mientras las autoridades trabajan para establecer qué tipo de artefacto fue utilizado, quiénes podrían ser los responsables y cuáles fueron los motivos de este hecho. La comunidad ha sido llamada a mantener la calma, alejarse del área afectada y no difundir información sin confirmar.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con los resultados de las inspecciones y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en el municipio. Seguiremos informando a la opinión pública conforme se confirmen nuevos datos sobre este grave suceso.

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En el municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima, se presentó un ataque que puso en alerta a las fuerzas militares. En video registrado en el lugar se observa el momento en que las tropas del Ejército Nacional corren y se desplazan con premura hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, en respuesta inmediata a los hechos.

Las imágenes muestran la movilización de los uniformados mientras avanzan para atender la situación. El despliegue refleja la urgencia con la que las autoridades militares actuaron ante el ataque, en medio de una tensa calma que se ha apoderado de la población del municipio por los sucesos recientes.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial sobre el número de personas afectadas, el tipo de ataque ni los responsables de los hechos. La comunidad permanece atenta mientras se confirma si hubo víctimas o daños en las viviendas e infraestructura del sector.

La noticia se mantiene en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se conozcan los comunicados oficiales con el balance de la situación y las medidas que se adoptarán para restablecer la tranquilidad en Rioblanco. Seguiremos informando conforme se confirmen nuevos datos.

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El grupo armado ELN emitió una respuesta contundente tras los anuncios del presidente Abelardo De La Espriella en materia de seguridad y paz. El mensaje señala que si el gobierno opta por la vía de la fuerza, recibirán una respuesta igual de contundente, y advierte que décadas de conflicto no se resuelven solo con amenazas desde un escritorio.

La organización armada indicó que responderán con la misma firmeza cualquier medida que implique el uso de la fuerza. En su comunicado advierten que optar exclusivamente por la vía militar no construye paz, sino que trae más sufrimiento, especialmente para la población más vulnerable: los campesinos, las familias que viven en zonas apartadas y quienes han soportado el peso del conflicto durante años.

El mensaje plantea que no existe una victoria militar definitiva posible en este conflicto de tantos años. Plantean que solo quedan dos caminos: el diálogo o más dolor y pérdidas de vidas humanas. Señalan que si se elige la confrontación directa, serán miles de personas inocentes quienes paguen el precio por decisiones tomadas lejos de los territorios.

Ante este cruce de declaraciones, crece la preocupación por el futuro de las conversaciones y la situación de orden público en las regiones. La comunidad internacional y muchos sectores de la sociedad colombiana han pedido que se agoten todas las vías de diálogo antes de profundizar en la confrontación. Seguiremos informando conforme se conozcan nuevos pronunciamientos.

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En un operativo conjunto del Gaula de la Policía y las Fuerzas Militares, realizado en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, fue neutralizado alias ‘Alexis Perdomo’, señalado como cabecilla financiero de la columna móvil Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. La acción representa un duro golpe a las estructuras económicas de este grupo armado.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar armas, munición y 91 panfletos que eran utilizados para realizar cobros coactivos. Según las investigaciones, este sujeto exigía pagos que llegaban hasta los 100 millones de pesos a comerciantes, transportadores y ganaderos de la región.

Las fuerzas de seguridad informaron que continuarán con el despliegue de inteligencia y operaciones en todo el territorio. El objetivo es desarticular por completo las redes que amenazan, extorsionan e intimidan a la población en los departamentos de Caquetá y Huila.

La captura de este cabecilla refuerza los esfuerzos por devolver la tranquilidad a los habitantes de estas zonas, afectadas históricamente por la violencia y la extorsión. Seguiremos informando conforme se conozcan nuevos detalles del proceso judicial.

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En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella se refirió de manera directa a la Jurisdicción Especial para la Paz. El mandatario señaló que respetará el orden jurídico vigente, pero anunció que revisará “con absoluto rigor” esta instancia creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, cuestionando su naturaleza y sus resultados hasta la fecha.

La tensión comenzó antes incluso de su toma de posesión: el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, no fue invitado a la ceremonia de investidura en Cali, un hecho sin precedentes que muchos interpretaron como una señal clara de distanciamiento. Ramelli había buscado entablar diálogo en repetidas ocasiones, pero no recibió respuesta.

Durante la campaña, De la Espriella afirmó en varias oportunidades que buscaría desmontar la JEP, calificándola como un espacio donde no habría habido justicia, verdad ni reparación. Sin embargo, expertos y el expresidente Juan Manuel Santos han recordado que modificar o eliminar esta jurisdicción exige una reforma constitucional que el gobierno no tendría mayoría para aprobar.

Por su parte, el magistrado Ramelli ha indicado que la JEP está blindada por la Constitución y los acuerdos internacionales, y ha expresado su disposición al diálogo técnico y al empalme, mientras defiende la labor de justicia y verdad que se viene realizando. El país queda atento a los próximos pasos de este debate que divide profundamente a la nación.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la erradicación de cultivos de coca será una prioridad de su gobierno y confirmó el regreso de la fumigación con herbicidas como una de las estrategias. Aseguró que usará productos de última generación que, según él, no afectarían la salud ni el ambiente y cumplirían lo ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la medida ha reabierto el debate sobre los riesgos y la necesidad de contar con el consentimiento de las comunidades.

“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional”, sostuvo De La Espriella, quien los vinculó con violencia, narcotráfico, corrupción y desplazamiento. También planteó acompañar el proceso con sustitución productiva, promoviendo cultivos legales como cacao, café, maíz, coco y palma, para ofrecer alternativas económicas a las familias campesinas.

Ante el anuncio, diversas voces han recordado que las fumigaciones conllevan riesgos que no pueden ignorarse. Se advierte que estos productos, incluso los llamados de “nueva generación”, pueden causar daños graves a la salud de las personas que viven en las zonas rurales, afectar a los animales de cría y silvestres, contaminar el agua y los suelos, y dañar los cultivos lícitos que sostienen a las comunidades.

Además, se ha hecho notar que la aspersión no puede realizarse sin el consentimiento de los habitantes de los territorios, especialmente de las comunidades indígenas y campesinas. La medida abre un amplio debate sobre cómo combatir los cultivos ilícitos sin poner en peligro la vida, la salud, el ambiente ni los derechos de quienes habitan estas zonas del país.

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